A la compleja tarea de gobernar un país con las disparidades regionales y locales, los contextos estatales particulares, habría que considerar la diversidad cultural, que se traduce en una pluralidad de sistemas organizativos, políticos, jurídicos; formas de resolución de conflictos; propiedad colectiva del territorio, etcétera.
En las últimas décadas el entramado jurídico e institucional de México se ha transformado aceleradamente para reconocer su diversidad cultural y establecer una nueva relación con sus pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
En 1990, México ratificó el Convenio 169, sobre Pueblos Indígenas y Tribales, de la Organización Internacional del Trabajo. En 1992, reconoce en la Constitución federal que la nación tiene una composición pluricultural sustentada en sus pueblos indígenas (artículo 4º); y, en 2001, reconoce un conjunto de derechos a pueblos y comunidades indígenas, centralmente el de la libre determinación y autonomía (artículo 2º).
Esto es, la gran diversidad cultural mexicana está no sólo reconocida en el marco constitucional, sino que debe construirse también un conjunto de políticas públicas que permitan hacer eficaces los derechos reconocidos. La tarea es compleja, particularmente poque parte de un Estado que históricamente se ha sustentado en una exclusión de los pueblos indígenas; que el propio artículo 2º constitucional es contradictorio en sí mismo pues reconoce la libre determinación y luego reduce a pueblos y comunidades como entidades de interés público. Además, porque otra parte de la legislación secundaria, niega y excluye los derechos indígenas.
En esta tensión permanente, entre dos perspectivas de atender y relacionarse con la diversidad, la complejidad en las tareas de gobierno se acrecienta.
En el orden de la organización federal, 429 municipios se inscriben en el régimen electoral de Sistemas Normativos Indígenas (o Usos y Costumbres, como se le conoce coloquialmente): 418 en Oaxaca; cuatro en Morelos; uno en Michocán y otro en Chiapas; cinco en Guerrero. Pero además, en el ámbito submunicipal, alrededor de 15 mil comunidades indígenas tienen gobiernos locales que se inscriben en ese régimen y que resultan en esquemas de representación política ante Ayuntamientos. Los casos más emblemáticos se encuentran en Tlaxcala, en el cual actualmente 94 presidencias de comunidad (que se incoporan a 24 Ayuntamientos como regidores con todas sus atribuciones) se eligen por SNI. En Sonora, hay regidurías étnicas que se eligen de igual manera y se incorporan también a los Ayuntamientos.
En 22 entidades federativas, a contrapelo de la legislación federal, se reconocen a las comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público. Y hay un entramado particular en cada una, que reconoce características o ámbitos específicos en que pueblos y comunidades ejercen su libre determinación y autonomía.
Pese a todo, persiste una “brecha de implementación”, esto es la distancia entre lo que dicta la norma y lo que se hace en la práctica. En buena medida esto tiene que ver con la falta de perspectiva de derechos e interculturalidad en la construcción e implementación de las políticas públicas.
Es por ello que, en un contexto de diversidad cultural como el de México, se torna necesaria la incorporación en el quehacer institucional de una perspectiva intercultural y de pluralismo jurídico, con la finalidad de que, las personas servidoras públicas tengan la capacidad de comprender los derechos de las personas, pueblos o comunidades indígenas, así como conocer y considerar el contexto cultural en que se desenvuelven.
Por lo anterior, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) en 2023 consideraron de vital importancia convocar a un espacio de formación académica-práctica dirigida a personas servidoras públicas, desde una perspectiva integral, pluralista e intercultural, donde podrían apropiarse de instrumentos teórico-metodológicos y de conocimiento interdisciplinario, para establecer una relación de horizontalidad, coordinación y respeto con las comunidades indígenas y afromexicanas.
Dado los resultados positivos del primer ejercicio, ahora, en 2024, se convoca a una segunda edición del Diplomado en Políticas Públicas con Enfoque de Derechos Indígenas y Pertinencia Cultural.
La dinámica del Diplomado es en modalidad mixta (virtual/presencial en la Ciudad de México), las sesiones virtuales son los viernes de 17:00 a 20:00 horas/sábados de 10:00 a 13:00 horas. El periodo es de mayo-agosto de 2024. Nuestra convocatoria cierra el domingo 21 de abril.
